El gobierno español, mediante la fiscalía y un juez de confianza, ha desplegado una estrategia represiva contra Cataluña sin precedentes, para tratar de detener logísticamente los preparativos del referéndum y esparcir el miedo entre los catalanes, a fin de disuadirlos de ir a votar. A pesar de ello, la convocatoria del Referéndum, la organización y la campaña siguen adelante, la movilización ciudadana se ha hecho permanente y transversal, y mucha prensa internacional ha puesto el grito en el cielo viendo la coerción y la persecución política. Y faltan dos días para el 1-O.
El nerviosismo se ha ido apoderando de los principales medios españoles. Aunque sostienen que en Cataluña ha habido un golpe de estado, que la violencia se ha adueñado de la calle (enfocan y distribuyen en bucle las mismas imágenes para causar un efecto que no se corresponde en absoluto con la realidad) y que la “desobediencia” debe detenerse y reprimir. Sin embargo, comienzan a expresar abiertamente críticas a la falta de eficacia del gobierno español.
La estrategia del gobierno de Rajoy no ha sido capaz de tomar POLITICAMENTE las riendas de la situación en Catalunya. Su gobierno ha judicializarlo la política y su partido por enésima vez ha producido videos y propagandas para intentar amedrentar a los catalanes e inyectar en los españoles de ciertas regiones odio hacia Catalunya.
No se si llamar a lo que hace el Gobierno de España y el partido que lo apoya, estrategia o incompetencia, pero en cualquiera de los casos o interpretaciones, la actuación del Gobierno de España en este momento es desconcertante y en el pasado ha sido falta de diálogo real, falta de cualquier propuesta constructiva, irresponsable y merecedora de una firme reprobación por parte de la mayoría de españoles.
La incertidumbre sobre lo que pueda suceder -no durante el 1-O, sino las semanas y meses siguientes- crece cada minuto, y con ella crece la angustia de todos los catalanes.
¿Qué está pasando? ¿Cómo de grave es? ¿Qué puede llegar a suceder?
Es el Gobierno de España el que tiene que responder a estas preguntas, no el fiscal general. Es el Gobierno de España, no el fiscal, el que tiene que explicar qué es lo que ha estado haciendo durante los últimos años, qué medidas ha tomado y qué medidas va a tomar ahora que la situación se a podrido tanto.
A los ciudadanos catalanes ni a los del resto de España no nos sirve que se nos repita como un mantra, que al menos el 50% de los catalanes se han vuelto locos, insolidarios y antidemocráticos, y que la justicia y todo el poder del estado de derecho español se encargará de devolverlos a la cordura.
El Gobierno no puede seguir escondiéndose detrás del TC, de algunos fiscales nombrados por él mismo, ni de unos Guardias Civiles y Policía Nacional, que en teoría van a vigilar a los Mossos d’Escuadra, que tiene competencias en materia de orden público en Catalunya, para ayudarle a hacer bien su trabajo ante una crisis de esta magnitud.
El Gobierno ha dicho siempre que está abierto al diálogo, pero no ha ofrecido a los catalanes ni una sola propuesta que desmonte las tesis independentistas y haga sentar la cabeza a los que dudan y a muchos independentistas de última hornada.
Más de un 80% de catalanes están de acuerdo en que se realice un Referéndum pactado y acordado con el Gobierno de España, pero este sigue haciendo oídos sordos y se limita a tomar medidas no proporcionales y a lanzar embates de fiscales y policiales contra las instituciones catalans, contra algunos políticos elegidos democráticamente y que cumplen su programa político y contra todo aquél que apoye la causa independentista.
Definitivamente el Gobierno de España no ha estado a la altura del momento histórico que vivimos y esto lo tenemos que recordar no sólo los catalanes, sino todos los españoles.
El 1-O no se habrá podido celebrar un Referéndum con garantías plenas en Catalunya, como habríamos deseado más de un 80% de los catalanes, porqué el Gobierno de España no ha querido negociar NADA, ni siquiera una consulta legal y ha perseguido desproporcionadamente todas las iniciativas del Gobierno de la Generalitat para permitir que los catalanes pudieran expresar su parecer democráticamente mediante un Referéndum. Lo que seguramente si habrá el domingo por la noche es “algún dato contable” y mucha información no contable, proporcionada también por medios internacionales, de un gran interés para todos. Seguramente el Gobierno de la nación negará la realidad y seguirá en su inmovilismo. Por desgracia ha venido siendo su tónica en la consulta del 9-N que calificaron de “custellada” y en todas las manifestaciones de los últimos 11 de septiembre.
Algunos piensan que sólo una huelga general en Catalunya podrá hacer que la UE se decida a mover ficha para obligar a representantes del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat de Catalunya para que se reúnan y pacten, aunque sea sin luz ni taquígrafos, alguna salida negociada al conflicto.
Las visceralidades son muy llamativas, sobre todo cuando las enfocan las cámaras de TV, pero conducen a poco bueno sin el concurso de la razón y el pragmatismo. Ojalá las primeras no se desboquen y las segundas aparezcan prontamente por estos lares, que buena falta nos hace a todos.
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