lunes, 23 de octubre de 2017

En busca de la “solución apropiada”

Por el momento, los “inversores globales” no están castigando en exceso los “mercados españoles” debido al problema catalán. Tras el tira y afloja, esperan que al final se llegue a algún tipo de acuerdo que mantenga a Cataluña dentro de España. Para los bancos, el camino hacia una posible solución negociada en Cataluña sería una oportunidad de compra, pero no estamos ahí todavía. La presencia del Banco Central Europeo (BCE) como comprador de bonos del Gobierno, evita grandes fluctuaciones de la prima de riesgo.
Aún así, la cotización solo ha bajado de media un 4% desde el referéndum del 1O, por lo que la relación entre el riesgo y la potencial recompensa no es muy atractiva.
La situación va a ir a peor en Cataluña. Hay un claro juego de provocación-reacción y parece que los radicales incrementan su poder en Cataluña. Las líneas maestras de una posible solución son conocidas, pero nadie parece querer ceder terreno. En los próximos días se incrementará la tensión política en el país con efectos negativos para el crecimiento económico y para el mercado y falta comprobar si el Gobierno de Mariano Rajoy será capaz de aplicar eficientemente las medidas de control que ha proyectado para tomar el control de Catalunya.
Después de la reunión del BCE del jueves donde se podría autorizar una reducción del volumen de compra de bonos, y si se llega a aplicar efectivamente el 155, reaparecerá la volatilidad, sobre todo si el BCE decide subir los tipos de interés. La relativa minoría española que tienen algún dinero ahorrado o invertido, está deseando que suceda. En cambio aumentará el problema del Estado español porqué aumentará el dinero de los intereses (miles de millones) que deberá dedicar a saldar su deuda. Se comenta que el BCE muy probablemente, pondrá límites a la compra de deuda de los cuatro países PIGS (la S, como saben, es España), que está harto de inyectar miles de millones cada mes a los indisciplinados países del sur. 
Según los economistas del banco británico Barclays, "si el conflicto sigue su escalada, la actividad económica en Cataluña se va a estancar; en este escenario, el crecimiento en el conjunto de España podría caer por debajo del 2,5% el próximo año, frente a nuestra previsión del 2,75%".
En opinión de Bank of America Merrill Lynch, "para que la economía española y los mercados funcionen bien, el asunto catalán necesita una SOLUCIÓN APROPIADA. Si no, se cuestionarán volver a invertir en España. 
El Gobierno español acaba de recortar su previsión de crecimiento para el próximo año en 30 puntos básicos. El recorte implícito es en realidad de 50 puntos (0,5%), ya que el Gobierno quería mejorar sus previsiones en 20 puntos antes de los últimos acontecimientos".
La intervención del BCE, destinada desde un primer momento a apoyar a las economías de España e Italia como claves para el futuro del euro, ha funcionado como una anestesia para los inversores. No se descarta una respuesta de los defensores más radicales de la independencia, con la posibilidad de provocar manifestaciones, enfrentamientos con la policía y una mayor escalada de inestabilidad. Si se llegara a una situación de violencia y se viera sangre en las calles, la reacción del mercado será aguda.
Salvo algunos extremistas y llegados a este punto, la mayoría desean que la crisis desemboque en unas elecciones autonómicas inmediatas, donde defensores y detractores del separatismo puedan medir sus fuerzas antes de volver a buscar sus objetivos matizados.
Mientras, para los que odian a los mercados, deberían saber que cuanta mas volatilidad en los mercados, mucho mejor para los especuladores.
Algunos describen coloquialmente la situación como la esposa (Catalunya) que pretende abandonar el hogar, harta de ser maltratada por un marido patriarcal (España) prepotente, violento y desagradecido que alimenta a su familia con el sueldo de ella. La esposa sólo tiene dos opciones: o marcharse, o dejar de aportar trabajo y dinero. O República o desafección. Ni amor, ni respeto, ni confianza, ni compañerismo, ni solidaridad. En estas circunstancias, el juez o el cura pueden decir lo que les dé la gana. 
En la otra parte niegan que el marido trate mal a la mujer y la acusan de ser prepotente y conflictiva. Algunos llegan a afirmar como Jaimito que le decía a su padre: ”si no fuera por mi, tu no podrías tener el honor de decir que eres mi padre y no te dejarían entrar en ningún club”.
El diálogo y la empatía entre los independentistas y los unionistas se ha roto y falta alguien que les haga ver a unos y a otros la necesidad de seguir una terapia de reconciliación matrimonial si no quieren perder todo lo construido en tantos años de matrimonio, más o menos justo pero con una cierta connivencia. El porvenir de su familia está en peligro.
Los inversores internacionales no publican, ni en los periódicos ni en twitter, sus planes de contingencia ni de inversión; simplemente los ejecutan.
Los unionistas hacen circular, algunos regodeándose, el nombre de cada nueva empresa que traslada su sede social fuera de Catalunya. Algunos independentistas avisan que importantes inversores están desinvirtiendo en España, y revisando proyectos de inversión a corto plazo con más que probables redireccionamientos. Cada uno hace caso omiso de lo que dice el otro buscando el miedo del contrario o intentando aumentar el “orgullo nacionalista” de los propios. Parece que nadie es consciente de que las empresas y los particulares que tienen dinero o inversiones que perder (y puestos de trabajo), los van a proteger si o si. Se pondrán todas las pinzas en la nariz que precisen, pero todo el que tiene miedo de perder algo que le ha costado mucho trabajo conseguir, intentará protegerlo tan bien como sepa y pueda. Eso implica tráfico en diferentes direcciones según se desarrollen los acontecimientos.
Es fácil entender porque los principales bancos, todas las empresas reguladas y muchas empresas “dependientes” han trasladado su sede social (1). No sus centros productivos. Otras todavía no han hecho este paso —Seat permanece en Catalunya y Honda continua con su sede social y fiscal en Catalunya—, aunque no quiere decir que lo hagan en el futuro o que se vayan de España. Todo depende de cómo se desarrollen los acontecimientos.
¡Queremos sangre! ¡Que mueran entre terrible sufrimiento! ¡Hay que darles un escarmiento que les quite las ganas de intentar algo similar en muchos años! … se lee o se descifra de algunos comentarios. No hay forma de que entiendan que con esa clase de mensajes solo engendran rechazo y los que los difunden sólo generan desconfianza. 
¡Boicot a los productos catalanes! Gritan y difunden, tratando de influir en el máximo número de personas. No se dan cuenta de que el “boikot” no beneficia absolutamente nadie, sólo es una herramienta de agresión y perjuicio; también hacia los que lo promueven y efectúan. En todo caso los únicos que saldrían beneficiados son los consumidores inteligentes que podrán escoger más productos con una mejor relación calidad-precio. Los que asuman el boicot comprarán productos con peor relación calidad-precio, sólo porque lleven la etiqueta “TotalESP” o “FullCAT”. Si algunos o muchos dejan de consumir productos catalanes, los europeos o consumidores de otros países que sientan menos la llamada del “boikot” lo agradecerán; porque los productores CAT tendrán que bajar los precios para ser más competitivos y se los sigan comprando en otros mercaos. En correspondencia comercial, algunos o muchos comprarán productos “Non ESP”. 
Fuera como fuere, los extremistas de todos los bandos olvidan que si CAT entra en crisis, España quedará muy tocada. Casualmente en todos los medios, independiente de la postura que defiendan, siempre se olvidan de explicar los problemas que tendrán y se consuma una ruptura no negociada (o negociada). Así todos engañados, hiperventilados y cabreados o deprimidos. Unos venden la tierra prometida sin explicar como de duro será ni cuanto presumiblemente durará el purgatorio, al que nos inducirán los otros estados, antes de que podamos llegar al paraíso. Por su parte, para el Gobierno intenta legitimar el golpe de estado contra las instituciones catalanas manipulando la opinión pública con sus abundantes medios de comunicación, difamando a un gobierno elegido democráticamente llamándole "golpista" hasta la saciedad, incrustando esta visión en gran parte de los ciudadanos españoles que sólo reciben esta versión, con lo que están en un entorno favorable o al menos permisivo para que se “haga lo que se tenga que hacer” para restablecer cuanto antes la normalidad y la tranquilidad.
El Gobierno español nos decía que estábamos en camino de salir de una crisis larga y profunda, aunque la realidad es que todos sabemos que todavía tenemos un montón de problemas que resolver, principalmente trabajo que permita vivir mínimamente, recuperar una cierta normalidad en los servicios sociales y pensiones y poner coto a la corrupción endémica. Nuestros políticos, fantásticos prestidigitadores, han desviado nuestra atención de todos estos temas y muchos otros importantísimos y, lejos de ayudar a resolverlos, nos están hundiendo cada vez más en la miseria. En época de propaganda prebélica, es responsabilidad del lector aceptar que se alimente el fuego o señalar a los pirómanos. A todos, no sólo a los otros.
La tradición taurina catalana fue decayendo y extinguiéndose lenta y progresivamente desde hace décadas, mucho antes de la prohibición, pero la realidad es que no se ha dejado de practicar ni un solo día. No en las plazas, sino en la calle y en los parlamentos. Nos torean como quieren y demasiados van desbocados como en los encierros, corriendo hacia el matadero.


(1)
Las empresas que han decidido hacerlo dicen que es "por seguridad jurídica". En la actual situación política, un nuevo gobierno podría decidir que el marco jurídico actual que rige las empresas fuera diferente a lo que ha sido hasta ahora. Esta incertidumbre puede justificar el cambio de sede hasta que no se aclare el nuevo ordenamiento político y jurídico de la República Catalana. Las empresas buscan tener plena cobertura legal ante la situación política y por ello el cambio de sede es una decisión reversible en cualquier momento.
La recaudación de los principales impuestos de las empresas ingresan siempre en la Agencia Tributaria Española. El impuesto más importante -el de sociedades-, que es lo que afecta a los beneficios, no se reparte entre las autonomías, va todo al la AEAT. Si se declarara una República catalana, la Agencia Tributaria Catalana debería recaudar estos impuestos y falta por ver como garantizaría el cumplimiento de los contribuyentes, que en un principio recibirían requerimientos de las dos administraciones tributarias. Las empresas quieren evitar ese período transitorio. Cuando esté el tema claro tomarán la decisión más conveniente a sus intereses.
El traslado de sede social no implica el cambio automático de domicilio fiscal. La empresa puede decidir pagar los impuestos en el lugar donde tiene la mayor parte de su actividad. Por lo tanto, la afectación en cuanto a la recaudación de impuestos es mínima ahora, en el caso de declararse la República catalana, la afectación sería máxima.
Respecto al Producto Interior Bruto (PIB) o riqueza generada, cuando se haga el ranking de las empresas catalanas, las que ya no figuren en Cataluña no contarán como catalanas. Sin embargo, si la mayor parte de su actividad continúa aquí, es aquí donde se generará la riqueza, aunque no se contabilice estadísticamente y no pueda aprovecharse propagandísticamente por el Gobierno catalán y si por el español.
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