miércoles, 28 de diciembre de 2011

Lo más duro llegará en marzo.

Los verdaderos ajustes, según insistió este martes Rajoy, no llegarán hasta que estén listos los Presupuestos de 2012, que el Gobierno tiene previsto aprobar el 31 de ese mes. Una fecha que no es casual, ya que para entonces –si todo sigue el guión previsto- ya se habrán celebrado las elecciones en Andalucía, donde el PP va con ventaja según las encuestas.

Pero ¿cuáles son esas medidas más duras? ¿Qué es lo que espera el mercado y la UE de Rajoy para sacar a España de su elevado endeudamiento?

1-. Sueldos de funcionarios: los empleados públicos tienen prácticamente garantizada la congelación salarial. Entre otros motivos, porque el Gobierno prevé prorrogar los presupuestos hasta marzo, lo que conlleva mantener hasta esa fecha las mismas remuneraciones que tienen ahora. A partir de marzo, si no antes, pueden llegar las sorpresas, sobre todo, si el déficit de cierre de 2011 se aleja mucho del 6% prometido.

Como el PIB de España es de un billón de euros, aproximadamente, cada décima que se añada al déficit supone 1.000 millones de euros. Es decir, que un déficit del 7% (desde el 6% previsto) sumaría 10.000 millones al recorte de 16.500 que habría que hacer en 2012. Y la forma más rápida de hacerlo son abaratando las nóminas públicas, como se demostró en el ajuste de mayo de 2010.

2-. Inversiones públicas: el Gobierno aprobará este viernes los acuerdos de no disponibilidad para evitar que los distintos ministerios mantengan el nivel de gasto aprobado en los últimos presupuestos. ¿Qué anticipa este movimiento? Un nuevo ajuste del gasto de la inversión pública, ya que si el Ejecutivo considera que el poder inversor aprobado hasta ahora no se puede mantener, lo lógico es pensar que llegarán más recortes en marzo. Si se mantiene el guión escrito hasta ahora, el principal damnificado será Fomento, ya que se trata del principal inversor del Gobierno central.

3-. Comunidades autónomas: el Gobierno ya ha anunciado que impondrá a las comunidades autónomas un techo de gasto, al fijar en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las Administraciones Públicas a partir de 2020. Hasta entonces, todavía está por definirse como se hará el camino, aunque con una premisa clara: ciñéndose a los límites de déficits. Y éstos están ya agotados, porque las comunidades han cerrado los nueve primeros meses del año con un déficit del 1,19% del PIB, y el tope está en el 1,3% para todo el ejercicio.

4-. Copago: la necesidad de encontrar nuevas vías de ingresos puede llevar al Gobierno a aplicar fórmulas de copago en servicios como la Sanidad Pública o la Educación. También cabe la opción de elevar las tasas universitarias

5-. Privatizaciones: más que una medida de ajuste, esta opción será una fórmula de ingresos adicionales. De hecho, el anterior Gobierno del PP, bajo el mandato de José María Aznar y con Rodrigo Rato como ministro de Economía, llevó a cabo la mayor ola de privatizaciones de la historia de la democracia. Ahora está en el disparadero la venta de empresas como Aena, o al menos sus principales aeropuertos; Renfe o las participaciones que sigue teniendo el Estado en empresas privadas.

6-. Reforma del paro: el programa electoral del PP contemplaba introducir el denominado modelo austríaco, que en el fondo supone eliminar el modelo actual de desempleo y crear otro en el que cada persona va ahorrando en su propia hucha y, si se queda sin trabajo, tira de ese fondo. No obstante, la problemática para aplicarlo puede dejar esta medida en el banquillo.

7-. Reforma del sistema financiero: el nuevo Gobierno ya ha anunciado que deberá haber más fusiones de cajas... y probablemente también bancos. Esto supondrá otra ola de ajuste de plantilla, que podría elevar desde los 14.000 actuales hasta 25.000 el número total de empleos eliminados en el sector. Con un agravante: hasta ahora se han hecho con prejubilaciones de oro, y Rajoy también dijo que las eliminará.

8-. Reforma laboral: El próximo 7 de enero, Rajoy quiere tener sobre su mesa esta anhelada medida. La nueva ministra de trabajo ya ha dicho que está en contra de los mini empleos, pero la puerta para abaratar el despidos está abierta.
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