Sanidad, pensionistas y medicamentos más caros

Una noticia es un recorte de la realidad sobre un hecho de actualidad, que merece ser informado por algún tipo de criterio de relevancia social. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se ha producido ese acontecimiento y sus funciones están claramente delimitadas y el periodista tiene que cumplirlas con el mayor rigor profesional.

Los lectores deberíamos recibir la información sin ningún tipo de valoración personal. El periodista debería relatar la noticia con un estilo lingüístico claro, concreto, preciso y no debería pretender ser el más original y creativo, sino el más objetivo, veraz y preciso.

Ya sabemos que no nos cuentan todas las noticias que son de nuestro interés, pero, ¿Conocen algún medio de comunicación o periodista que se atenga a este proceder para contarnos las noticias?

Lo que nos suelen contar es solo lo que les interesa a los editores de los medios que sepamos y nos lo cuentan adecuadamente cocinado. Más que noticias son comentarios para vender más y de paso, inducir  en la mayor parte de la población la opinión que a ellos les interesa que tengan.

No se si ha sido inexperiencia o ha sido un globo sonda, pero la Ministra de Sanidad ha empezado el año dando carnaza a los medios: “Los pensionistas tendrán una rebaja menor por el precio de los fármacos que compran”. Se corrigió muy pronto, pero el debate ya estaba servido. Este es un ejemplo de algunos (muchos) males de nuestra política y de nuestra sociedad y, claro, de nuestros gobiernos, que son hijos de nuestra sociedad.

Entonces, ¿porque lo haces y das carnaza a los medios para que lo hagan?

Yo no les contaré la noticia, porque seguro que ya la han escuchado. Les contaré mi punto de vista sobre el tema consciente de que todos estamos directa o indirectamente ante un potencial conflicto de intereses: nos interesa el bien común del país -el despilfarro en el uso de medicamentos, las incongruencias del sistema de salud pública, el alto déficit de la seguridad social y otros muchos problemas-, y nuestro interés como jubilados o hijos de jubilados, de que no nos hagan pagar más por las medicinas que tomamos o toman nuestros padres. 

Sin embargo, este conflicto de intereses no impide que podamos razonar sobre el tema porque potencial conflicto de intereses no significa necesariamente parcialidad, mala intención o conducta sospechosa.

En este tema, como en muchos otros, parece que el Gobierno adopta soluciones parciales (una parte del gasto de un colectivo concreto) para problemas muy complejos, que van desde la organización del sistema de salud del país hasta el funcionamiento del sistema de pensiones públicas, y desde el tratamiento de las empresas farmacéuticas en el gasto público hasta los despilfarros en el funcionamiento de la sanidad y los agravios comparativos de unos y otros.

La aplicación de soluciones técnicas parciales a problemas humanos generales provoca problemas de segmentación, por la falta de visión de conjunto; efectos perversos, que pueden aparecer en otros ámbitos, porque no somos capaces de ordenar los medios sin provocar efectos secundarios peligrosos, porque no hay unos principios incondicionados a partir de los cuales podamos desplegar la acción práctica, y porque no podemos garantizar la consistencia de nuestros proyectos descoordinados. Y, como consecuencia de lo anterior, se produce un problema de anomia, el desánimo de quien no tiene pautas de actuación, sino sólo estímulos, y otro de entropía social, cuando las instituciones pierden su función.

Sí, ya sé que no es realista esperar que un gobierno adopte ahora una visión global de los problemas complejos, cuando la sociedad no quiere oír hablar de esa visión porque sólo lo inmediato importa. Una característica de nuestra sociedad es que cada uno va a su bola, exige sus derechos, más aún, convierte sus deseos en derechos, utiliza ampliamente el argumento de “tú, más” (si todos roban, las medicinas deben ser gratuitas, ¿no?) y, claro, no admite que su problema no se arregle como él quiere, porque haya otros que tengan otros problemas, u otras maneras de verlo.

Si tuviéramos la suerte de contar con un gobierno que hiciese un planteamiento global de los problemas sociales, en que apareciesen los principales protagonistas, los que están enfermos, los que ya no trabajan, los que trabajan en un hospital, los que pagan impuestos, los que tienen la pretensión de recuperar el dinero que han prestado al gobierno para financiar sus déficit… tendría argumentos para poner orden en las soluciones, y se acercaría algo al deseo irrealizable y utópico que algunos anhelamos. 

©JuanJAS

Anexo.-

Se espera de cualquier ministro que no se fije en un solo árbol del bosque ya que para ello dispone de un elenco de cerebritos dentro del consejo asesor de su ministerio, y que sepa comunicar las cosas adecuadamente.

Supongo que muchas veces las encuestas de popularidad o de intención de voto, influyen más en la toma de decisiones que los consejos de los asesores. Unos de esos “asesores ministeriales” es el profesor López Casasnovas y leí un artículo suyo sobre el tema que resumo a continuación.

EL PROBLEMA DE LOS BAREMOS

La ministra de Sanidad se ha fijado en que el copago establecido a los pensionistas, que bastante costó implementar en su día –a pesar de que clamaba al cielo la inequidad de su tratamiento con respecto al de los parados y otros colectivos de rentas bajas–, es poco granular: un pensionista de 18.001 euros anuales es tratado, a la hora de establecer su copago máximo, igual que uno de 100.000 euros y de forma muy diferente a uno de 17.999 euros.

Este es un problema extendido en muchos ámbitos de las políticas públicas que establecen categorías: los dependientes con un baremo (estimación de necesidades) de 24 puntos no tienen derecho a servicios públicos de dependencia, pero con 25 puntos, sí. Y estos que sí tienen derecho, denominados de grado 1, se consideran iguales que los dependientes de baremo 49, ¡también de grado 1! Así, estos meritan unos servicios muy distintos de los de 51 puntos, que ya tienen un grado 2. Y las discontinuidades siguen dañando la lógica de las prestaciones. Estas clasificaciones, en la medida en que trascienden los servicios, se ven menos, pero si en vez de servicios se contabiliza dinero (prestaciones monetarias o copago, como en el caso que nos ocupa), los afectados protestan.

LA PARTE FEA DE LA SANIDAD

El problema es que cuando la ministra se fija en este punto arrastra a todos a focalizarse en el mismo punto; lugar en el que, como decimos, habrá indignados y ganancias de pescadores. Hace así que de la sanidad se hable por la parte más fea (del dinero, y no de sus efectos sobre la salud), y sobre todo desvía la atención fuera de otros ámbitos mucho más importantes, que requieren reformas mucho más trascendentes.

La solución razonable radica en llevar el copago sanitario a la renta y no la renta al copago sanitario.

¿Cómo pagamos los hospitales? Por actividad, cuanto peor, mejor; cómo existen silos en los medicamentos que los impermeabilizan de la relación coste/efectividad respecto de alternativas terapéuticas; cómo crece la factura de farmacia hospitalaria cuando se agota el efecto anterior del medicamento contra la hepatitis C; cómo pagamos salarios a profesionales que quieren cobrar como trabajadores por cuenta ajena y decidir por cuenta propia; o cómo hablamos de salud global, prevención de enfermedades evitables y coordinación de servicios pero en realidad no incentivamos suficientemente la integración sociosanitaria, ni la de los propios proveedores sanitarios de atención especializada con la primaria.

La ministra efectúa así un tiro rasgado, no porque no tenga razón en lo que dice sino porque en el pantano en el que se mete hay pocas raíces fértiles que sacar para la mejora de la salud de los españoles.

PENALIZAR LOS ABUSOS

Fijémonos finalmente en los instrumentos para atacar lo que no gusta, la cuestión granular: quisiéramos un copago mucho más sensible a la renta de cada uno. De hecho, pasar de tres a cinco tramos tampoco lo arregla: más categorías, más saltos de categoría... por gránulo de un euro más. Alguien podría decir que si se quiere graduar pago y renta para eso ya tenemos el IRPF: hagamos que todo se pague con impuestos y dejemos de marear con copagos. Esta sería una solución falsa, ya que la medida busca implicar al usuario y no solo al contribuyente. Como he argumentado de manera extensa en Una reflexión sobre la financiación sanitaria y una propuesta de articulación de copagos basados en la renta para la Fundació Campalans, la solución razonable radica en llevar el copago a la renta y no la renta al copago. Quiero decir que del mismo modo que en la base imponible de la renta ya se permite hoy restar gastos que se quieren incentivar, a esta misma base se podrían sumar los que se quieren penalizar (evitando consumos abusivos, por ejemplo). Aumentarían así las bases no solo haciendo un copago vinculado a la renta, ¡sino que lo haríamos progresivo!

La propuesta tiene varias ventajas más: no estigmatiza tipos de pobres (de 18.000 euros, de 12.000, de 9.000 o la antigua beneficencia) y tiene elementos pedagógicos. Cuando se incorporase a la declaración de la renta el uso de servicios fuera de lo establecido (una urgencia que no lo era, una visita al especialista sin pasar por la medicina primaria, un medicamento de marca frente a un bioequivalente), recordaríamos que las cosas tienen un precio por mal uso, y del buen uso aprenderíamos el valor de pagar impuestos.