Un gran negocio regulado que todos los ciudadanos sufrimos y del que unos pocos se aprovechan

El alto costo de la electricidad no sólo merma las posibilidades económicas de los hogares, sino que, además, lastra el atractivo empresarial de España. Todos sabemos que al pagar el recibo de la luz, el gas o el agua pagamos muchos impuestos que cada Gobierno incluye en los Presupuestos Generales y utiliza a discreción según su ideología política. Los gobernantes y funcionarios salen beneficiados, los directivos de las empresas energéticas también y finalmente los accionistas. Todos viviendo a costa de los contribuyentes. De vez en cuando hay protestas ciudadanas pero todo sigue igual. 

Nadie desconoce que la clase política y las energéticas tienen contacto directo y haya una relación fluida entre gobernantes y dirigentes empresariales del negocio energético. Tampoco es nada extraño. Por un lado, la venta de electricidad, de gas y de petróleo es un negocio estratégico y de importancia vital para la sociedad y la economía. Debido a esto, los gobiernos sucesivos legislan y regulan el sector, estableciendo límites y garantizando el funcionamiento del mercado energético pensando, SUPUESTAMENTE, en el bien común. De ahí el interés de estas empresas para mantenerse próximas y en buena sintonía con los círculos de poder político. Por otra parte, el sector energético requiere inversiones de capital intensivo  y como los gobernantes no se deciden a aportar dinero público y todos queremos luz, gas y agua en nuestras casas y empresas, los inversores privados han de aportar grandes sumas de dinero para construir una central nuclear, poner en marcha una central hidroeléctrica, desplegar kilómetros de líneas de alta tensión o afrontar la burocracia abundante y cara que los gobiernos imponen para obtener licencias operativas. 

Por si a alguien se le escapa, no es lo mismo vender pan o poner un bar que vender petróleo o generar electricidad; por eso en España hay más de 15.000 panaderías, casi 300000 bares y menos de una decena de petroleras distribuyendo crudo. Por otra parte, tampoco es normal que sólo tres empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) acaparen casi el 90% de la producción eléctrica nacional y se repartan el 'pastel' energético entre las tres. 

Debemos recordar que todas las compañías energéticas españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, Repsol  fueron empresas públicas que con la democracia se privatizaron. Las  propietarias de las redes de distribución (Enagás y Red Eléctrica de España) siguen siendo participadas mayoritariamente por el Estado, que permite por ley que operen en régimen de monopolio (transporte de gas y de electricidad, respectivamente) para garantizar que la energía pueda llegar a todos los españoles aunque en muchos casos el negocio no sea nada rentable y genere muchas pérdidas. El 80% de los dividendos que generan las eléctricas van a parar a fondos de inversión extranjeros o Bancos con participaciones industriales como CaixaBank.

Lo que alucina a cualquier ciudadano es que a pesar de vivir en uno de los países europeos con más horas de luz solar, el 'mix' energético español siga siendo adicto al gas natural y al petróleo, dos recursos que España importa de países como Argelia, Arabia Saudí, Libia o incluso Rusia. No hablemos de la energía nuclear, 21% de la generación eléctrica en España, porque tiene muy mala fama y preferimos comprar a Francia energía generada en centrales nucleares que generarla nosotros. España es uno de los países con más horas de sol del continente, alrededor de 3.000 horas de luz plena al año, pero la legislación sigue primando otras fuentes, como la nuclear el carbón (17% y los mineros lo agradecen) o los ciclos combinados (el 10%), que usan gas natural importado de países como Argelia, Nigeria o Rusia que lo extrae de zonas sensibles y protegidas del Ártico ruso. Al mismo tiempo, se penaliza a los ciudadanos que invierten sus ahorros en placas solares con el «impuesto al sol» que el Gobierno ecologista todavía NO ha derrogado. Al contrario, el Gobierno, la patronal del gas (Sedigas) y las grandes empresas del sector están promocionando el gas natural, un combustible fósil contaminante que no tiene España, para convertirlo en una importante fuente de generación eléctrica y en el nuevo combustible de vehículos y de industrias.

Los gobernantes muestran más preocupación por ganarse un lugar bien remunerado en una compañía energética cuando dejen su poltrona política que por conseguir un sector energético estable, autosuficiente en la medida de lo posible y respetuoso, en lo posible con el medio ambiente.

En España ha habido 175 ex altos cargos políticos en los consejos de administración y en equipos directivos de estas compañías. A los principales medios de comunicación, que cada año ingresan una parte de los presupuestos millonarios en publicidad de estas empresas, sin importar su ideología no les gusta remover el tema. El PSOE y el PP aglutinan la mayor parte de las 'puertas giratorias', aunque en el juego también entran el PNV, ERC, CiU e incluso líderes sindicales de UGT y de CCOO, entre otros. Ninguno fue vetado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), el ente público encargado de impedir los nombramientos que puedan incurrir en incompatibilidades.

La ley prevé que los altos cargos públicos sirvan con objetividad los intereses generales y subraya que deben evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) se encarga "con plena autonomía funcional" de verificar las declaraciones patrimoniales de los altos cargos y debería alertar si detecta posibles incompatibilidades con los asuntos sobre los que decidan. También debería denunciar si se han enriquecido de manera injustificada y supervisar su actividad en los dos años posteriores a su cese; pero una cosa es la ley y otra cosa es aplicarla bien.

Lo lógico es que se designara al director del OCI por concurso de méritos, con unos requisitos técnicos y tan transparente como fuera posible, pero la designa el Ministro de Hacienda y la ratifica el Consejo de Ministros. ¿Entienden?

Además, la OCI tiene sólo dos funcionarios en plantilla y revisa pero NO verifica las declaraciones patrimoniales que hacen los altos cargos  de la a¡Administración Pública. De los políticos y funcionarios de segunda fila ya ni hablemos, campan a sus anchas. Si les parece raro comprueben las propiedades que declaran los principales políticos. Si tienen tiempo vayan a por los de las autonomías y lleguen a los alcaldes y concejales de los ayuntamientos y podrán comprobar que declaran menos propiedades de las que tiene cualquier mísero trabajador. TODO es una gran MENTIRA  que se permite en tiempos de democracia y transparencia. Y sin que nadie haga nada por desenmascarar ni penalizar adecuadamente esas incorrecciones o infracciones.

¿Por qué España sigue siendo dependiente en materia energética?

¿Porque se consume demasiado y no se quieren asumir los costes y problemas colaterales que ello conlleva?

¿Entendemos «qué se está pagando realmente» cuando una compañía «altamente regulada» contrata un alto cargo sin experiencia ni estudios relevantes en el sector? 

Resumiendo:

La ciudadanía, como en tantos aspectos que atañen a la economía, está desinformada o mal informada y ello la incapacita para demandar/reclamar lo que realmente le interesa de los proveedores de servicios regulados por el Gobierno.

Nos cuesta admitir que muchos dirigentes no trabajan para garantizar el bienestar de los ciudadanos sino para garantizar el suyo propio, y el de sus amiguetes o grupos que los apoyan. Por este motivo nadie puede garantizar que las leyes (mejor o peor redactadas) se apliquen adecuadamente.

Este círculo vicioso es extremadamente difícil de romper sin un cambio social profundo que nadie está interesado en organizar ni impulsar con unas mínimas posibilidades de éxito.

Si se les ocurre alguna posible solución a este círculo vicioso, por favor compártanla abiertamente.