Se dice jocosamente que España es el país más rico del mundo, porqué con lo que nos roban los políticos y lo poco que contribuyen las grandes empresas, siempre logramos sobrevivir.
Un poco de humor siempre es bueno, pero también hay que hablar en serio.
Es bueno recordar, porque a menudo se olvida, que el Estado no tiene una fábrica de maná, ni siquiera de Euros y que además de legislar, el Gobierno es el responsable de redistribuir lo que es capaz de recaudar vía impuestos. Los gastos más importantes del Estado son pagar los salarios del personal contratado por las administraciones públicas, pagar los intereses de la deuda, y los que constituyen la base del “estado del bienestar”: pensiones (cuyo coste es 100% responsabilidad de la Administración Central) y sanidad y educación (que en un 90% son abonadas por las Comunidades Autónomas).
Llevamos 40 años en los que estos tres últimos gastos han mantenido una constante clara de ascenso. Este ascenso se interrumpió con la crisis iniciada en 2008 y, sobre todo, por el comienzo de los “recortes” -en mayo de 2010 cuando aún mandaba ZP- que llegaron ante la necesidad de reducir el déficit público (básicamente los ingresos se hundieron pero no los gastos lo que aumentó el desajuste, que fue cubierto por emisión de deuda motivando un mayor coste por el pago de intereses). Aunque pueda ser necesario, recortar siempre es polémico. Muchos creemos que se puede recortar eliminando el Senado, la duplicidad autonomías/diputaciones, consejos comarcales, reduciendo el número de políticos, televisiones públicas, publicidad institucional, eliminando la inmensa mayoría de cargos de designación digital y muchas subvenciones, persiguiendo la corrupción eficientemente, etc.; pero lo cierto es que nuestros gobernantes han elegido lo fácil y más dañino que es tocar las partidas de Sanidad y Educación. Aún así, con todo lo que han perjudicado a nuestro “estado del bienestar” sigue habiendo déficit en las arcas del Estado, sólo en deuda pública, de más de un billón de euros (un millón de millones de euros).
Aunque está claro que la educación y la sanidad públicas sean peores ahora que hace 10 años, no puedo asegurar que hay demasiados empleados públicos porque habría que auditar qué labor hace cada uno pero, parece que si. Además, como cada vez vivimos más y hubo un baby boom hace unas cuantas décadas, la partida de pensiones no dejará de crecer (así como el gasto sanitario asociado al envejecimiento poblacional). Sin entrar en el tema de las pensiones que cobran los que no han “contribuido” a que sean posibles, es evidente que alguien que lleva toda su vida laboral cotizando debe tener derecho a cobrar una pensión. La edad de jubilación ya se ha retrasado y aunque a algunos les gustaría que del tajo nos fuéramos directamente a la tumba, si se decidiera reformar el sistema, no debería ser retroactivo. El problema que debe resolverse es ¿cómo financiar todo lo necesario?
En la web de Absolutexe podemos encontrar un trabajo, actualizado con los últimos datos conocidos de la EPA de finales de 2016, donde se puede apreciar la estructura de la población española.
Los quesitos más claros son los que colaboran más con sus impuestos directos a financiar el estado del bienestar y los más oscuros los que menos colaboran o no colaboran en absoluto.
Es de toda lógica que la mayoría de los empleados públicos son necesarios, igual de cierto que algunos sólo cobran sus nóminas y a veces ni siquiera se dignan en asistir a su puesto de trabajo para calentar la silla. También es cierto que mucho empleo privado es subcontratado por la Administración, pero fíjense en lo que suponen los “quesitos” más oscuros: la población inactiva es el 51% del total de la población y el 60% si sumamos a los parados. Esto quiere decir que incluso si alcanzáramos un utópico pleno empleo, y teniendo en cuenta que todos somos receptores de los servicios públicos, el grueso del peso de financiarlos seguiría recayendo en un porcentaje minoritario de la población.
Por supuesto siempre hay quien dice que todo se arregla con más impuestos aunque lo cierto es que llevamos 40 años aumentándolos, incluso creando muchos nuevos. Aún así, el Estado español (todos nosotros) nunca hemos debido tanto dinero como ahora. Las CCAA que no pueden pagar los gastos de los servicios que suministran a los ciudadanos porque el Gobierno no les transfiere los fondos suficientes, se estrujan la cabeza buscando formas imaginativas de exprimir todo el dinero que pueden a sus los contribuyentes. El Estado sale beneficiado de forma indirecta de ese acoso autonómico, porque es el que recauda la mayoría de los impuestos. El problema es que los impuestos directos se aplican sobre todo a la “población activa” que es la que tiene ingresos o a las empresas que se benefician de los gastos, mayoritariamente de esa misma población activa. Por lo tanto, si su tamaño se reduce, básicamente por un tema demográfico, “subir impuestos” no basta para devolver el billón de euros que debemos, ni para pagar los intereses de la deuda y seguiríamos sin poder financiar más gasto público.
Hay diferentes visiones políticas sobre todo esto, pero habría que hacerlo siempre sobre “datos reales” y no sobre “deseos particulares” porque la situación de las finanzas públicas españolas —cada uno conoce las suyas personales— cada vez es más grave, aunque parezca que estamos en un contexto de crecimiento económico nacional e internacional que, dado que las crisis son periódicas, tendrá una duración temporal. Incluso si no hay crisis en un futuro cercano, el aumento del pago de intereses de la deuda será un problema porqué los tipos de interés acabarán subiendo como ya lo están haciendo en USA.
Con estas cifras —las mejores y más reales de las que se dispone– se ve claramente que los pilares de nuestro estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones y empleados públicos) están en riesgo.
¿No deberíamos centrarnos en conseguir que sean sostenibles, empezando a gastar menos de lo que ingresamos para que podamos reducir la deuda o por lo menos no seguir incrementándola?
Pues no opinan eso nuestros políticos, ni muchos de los que les votan. Poco hacen para aumentar los ingresos y disminuir los gastos superfluos —que no son ni Sanidad, ni educación, ni pensiones, ni profesionales de las AAPP— y pocos se quejan de ello. Al contrario, piden y piden, y vuelven a pedir: ¿Qué hay de lo mío? Y los políticos se afanan a debatir sobre nuevos y enormes gastos.
Incluso se atreven a hablar de dar una paga a los casi 39 millones de españoles mayores de 16 años –una renta básica universal (RBU)- que parece pura ciencia ficción. Es comprensible querer mejorar pero antes de planear siquiera cómo aumentar nuestra cobertura social por encima de la que teníamos hace 10 años -cuando había menos pensionistas, más trabajadores y más actividad económica- debemos conseguir no perder la que tenemos, que es mucha. Tanta, que más del 90% de la población mundial sueña con tenerla y algunos hasta arriesgan su vida para venir a “malvivir” a nuestro país. Y está bien que todos queramos más, pero no debemos olvidar que el Estado no da nada, lo que hace es distribuirlo: lo que da a unos se lo quita a otros y no precisamente a los muy ricos o a las grandes corporaciones, sino a los trabajadores y pequeños ahorradores que hacen malabares para intentar sacar adelante a su familia.
Soñar es muy bonito, pero debemos ser realistas, no sea que nos pase como a “la Lechera” del cuento. Basta de demagogias y más estudios serios y debates de profesionales en prime time televisivo porque este tema es de vital importancia para todos. De nada sirven los tertulianos, que hablan de cualquier cosa sabiendo poco de casi todo, ni los videos virales o las páginas con miles de afiliados de paja que engrosan la burbuja del pensamiento, pero que no resuelven nada. La RBU parece que será cada vez más imprescindible, pero no basta con que los ciudadanos la reclamemos, sino que hay que pensar como hacerla realidad controlando los efectos secundarios y ponerse manos a la obra. Y eso, veo difícil que lo hagan los políticos porque significa admitir el fracaso de las políticas que han defendido y que nos han llevado a esta peligrosa situación, en que todos tenemos muchos derechos, pero no tenemos dinero para poderlos pagar y disfrutar.
©JuanJAS
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