Las protestas de los agricultores son totalmente justificadas porque con los precios que reciben por los productos que cultivan no salvan ni sus costes, los márgenes con los que trabajan son ruinosos y su actividad es cada día mas complicada. Que yo recuerde, hace 40 años los agricultores tenían similares quejas y exigencias y si los impuestos eran menores que los actuales se lo quitaban en inflación, el impuesto de los pobres, que disparaba sus costes pero no se reflejaba en los precios finales.
Con los años el número de agricultores ha mermando escandalosamente, la superficie de terrenos cultivados se ha reducido al mínimo (solo permanecen algunas producciones mecanizadas) y la España interior se ha vaciado.
El problema viene de lejos. En Catalunya, con la industrialización en el siglo XIX ya hubo la primera emigración del campo a las colonias industriales y a las ciudades. Durante la posguerra hubo la segunda gran emigración de los pueblos a las ciudades porque el trabajo en el campo era muy esclavo y la mayoría de los obreros en las ciudades vivían mejor, ganaban más que los campesinos y sus hijos tenían más posibilidades de ascender en la escala social. Por ello los padres les recomendaban que dejaran el campo, estudiaran y se buscaran una vida mejor aunque fuera lejos de ellos y de su casa.
Con el tiempo entramos en la UE y el tratado de Maastricht facilitó las subvenciones al “Campo” para que no produjeran determinados cultivos. Los grandes terratenientes se enriquecieron (recibían subvención por árbol plantado, no por la cantidad de producto recogido después de cultivarlo dando trabajo a los jornaleros) y los pequeños propietarios agrícolas se aprovecharon de las migajas de las subvenciones que pudieron recoger, para disfrazar los malos resultados de sus pequeñas explotaciones agrarias. Ninguno de los dos usó el dinero recibido para reconvertirse y sembrar/aclimatar otro tipo de cultivos o adaptarlos para hacerlos competitivos.
Una cosa de la que los periódicos no hablan pero que también ha ayudado a la degradación del campesinado es que pese a lo deprimido del sector agrícola, todos los gobiernos llevan décadas exprimiendo a los agricultores, incrementando los costes fijos de sus explotaciones vía impuestos con la excusa de que todos tienen margen menos el gobierno. Piensen en un pequeño agricultor que deba contratar a un temporero. Le cuesta 1.450 euros aproximadamente (el temporero recibe 950 euros) gracias a la subida brutal de impuestos al trabajo escondida bajo el SMI. Si el agricultor necesita electricidad para su producción, el 60% de la factura son impuestos, subvenciones y costes fijos regulados y, por si fuera poco, soporta un IVA de producto de lujo.
En toda la cadena de valor agrícola se genera un verdadero expolio fiscal. Seguro que habrán oido que “España es uno de los países más ricos del mundo, porque a pesar de lo que nos roban, todavía nos queda dinero”. Y cuando nos agotan, basta con que nos expriman un poco mas y seguimos dando néctar”.
Los grandes medios de comunicación nos cuentan que los crueles de la película son los “intermediarios” que incluso venden por debajo de coste. Es cierto que los intermediarios tienen mejores márgenes que los agricultores; también tienen mejores lobbies capaces de presionar al Gobierno de turno. Lo que todos se olvidan de contarnos es que entre las grandes cadenas de distribución figura la empresa pública Mercasa que controla la compraventa del 65% de las frutas y hortalizas de España. Los Ayuntamientos son los mayores accionistas de los “Mercas” (Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabarna, etc.), siempre acompañados de una gran cohorte de lobbies, asesores, etc. Por el mero hecho de venderlos a través de los “mercas” ya suben los productos un buen porcentaje. ¿Alguien ha visto a un funcionario de un Ayuntamiento destinado en un Merca pagar algo d Elo que allí se traspasa…?.
Seguro que los intermediarios y grandes superficies podrían reducir sus márgenes, pero al menos crean empleo (trabajo mejor o peor remunerado) cosa que no hacen los “estamentos extractivos”. Por ejemplo, nadie nos recuerda que, del precio que nos cuesta un kilo de tomates, Hacienda se lleva alrededor del 40% del precio (IVA y los principales impuestos directos e indirectos). No existe ningún operador en la cadena que tenga márgenes relevantes, y si miramos su coste de capital, menos.
En la cadena de producción Hacienda ya se ha llevado en impuestos totales el 41% del beneficio y el 19% del precio. En transporte, Hacienda también detrae (impuestos totales) un 38% del beneficio y casi un 18% del precio. En distribución y comercialización, Hacienda aumenta su porcentaje de manera muy importante al ser empresas con mayor cantidad de empleados, bienes inmuebles, activos cautivos e impuestos indirectos; los impuestos totales llegan al 45%. En agregado, incluido el IVA y los principales impuestos directos e indirectos, Hacienda supone alrededor del 40% del precio del kilo de tomates.
Nos encontramos ante una cadena de valor donde se evidencia la amenaza de muerte por decenas de cuchillos: lo que al Gobierno le parece “muy poco aumento de impuestos” en muchas cosas es mucho cuando se agrega la carga tributaria en gasóleo, electricidad, salarios, impuestos directos e indirectos. No es casualidad que casi la mitad de las empresas en la cadena agroalimentaria estén en pérdidas, aunque algunos cínicos ministros digan :”apretad, apretad”, como si la cosa no fuera con ellos.
Ahora bien, si el agricultor espera que se elimine su problema vía aranceles o imposiciones al producto de menor coste, el Estado se va a encontrar un efecto boomerang y exponencialmente negativo en cuotas de pesca, exportaciones y tratados bilaterales con nuestros socios comerciales.
La realidad del campo es que los márgenes son exiguos en toda la cadena (el sector primario el mas perjudicado), los impuestos son muy altos y la carga fiscal penaliza la des-agregación de una cadena plagada de microempresas asfixiadas a costes fijos. Si los agricultores lograran unirse en cooperativas y empresas, agregando su producción, y se acercaran al transporte, distribución y comercialización serían más capaces de ser más eficientes, más productivos, tener mejor poder de negociación y ganar más margen. Si de verdad queremos que nuestro Gobierno central y Gobiernos autonómicos defiendan el campo, lo que hay que hacer es exigirles que reduzcan la carga fiscal, no disparar las bases imponibles y menos dar favores clientelares. Los agricultores no necesitan que les pongan la zancadilla y luego les ofrezcan limosnas para ayudarles. Lo que necesitan es que no les pongan escollos.
La oportunidad del campo es salir de un modelo de venta de grandes volúmenes a precios muy bajos por la necesidad de colocar mercancía a casi cualquier precio, a desarrollar un modelo competitivo, eficiente, integrado en cadena y a la vez, que atienda a las necesidades de los clientes.
Nadie puede depender de por vida de intervenciones de precios, proteccionismo, subvenciones ni favores temporales del mismo sistema fiscal que se lucra de la desagregación de la cadena porque esto es mendrugo para hoy y hambre para mañana. Pero esto que es tan obvio (aunque no fácil de implementar) no es el verdadero interés de los políticos que siempre tiran pelotas fuera en su propio beneficio. ¡Es lo que hay!
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